El Cardenal y arzobispo de Caracas, Jorge Urosa Sabino, expresó que si la Asamblea Nacional no está de acuerdo con la postura del Conferencia Episcopal sobre el proyecto de equidad de género es válido Sin embargo, dijo que “no es aceptable que ofenda y ataquen un cuerpo tan importante como es la Conferencia Episcopal Venezolana”. Indicó que la CEV emitió un comunicado sobre el Proyecto de Equidad de Género, el cual fue rechazado por el Parlamento venezolano.
“Y como está previsto que haya un debate al respecto, pues nosotros queremos participar en ese debate; de manera que estamos ejerciendo un derecho legítimo y democrático que no puede ser ignorado y no puede darse nunca un voto de censura”, afirmó.
Destacó que tanto el matrimonio y la familia son instituciones que están consagradas, no sólo en la Constitución Nacional, sino en el derecho natural.“El hecho de una familia es porque está conformada por el padre, la madre y los hijos, y no simplemente por cualquier tipo de persona; porque no se podría llamar familia.
El matrimonio que está consagrado en la Constitución como la unión entre el hombre y la mujer, está así para evitar que se diese luego una especie de tergiversación de los términos”, aseveró.El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana también indicó que no puede existir que se equipare esa asociación de personas del mismo género a lo que es el matrimonio.
“Los derechos de los conyugues son distintos a los derechos de dos personas que puedan asociarse para convivir, cada quien tiene su conciencia y eso uno lo respeta, pero no que no puede ser es que la ley pueda equiparar una asociación de dos hombres o de dos mujeres a el matrimonio tal como está previsto por el Dios Creador y como esta en la Constitución”, enfatizó.
Agregó que la Iglesia católica venezolana está abierta a debatir en la Asamblea Nacional con los diputados sobre el proyecto de equidad de género.Situación laboralCon respecto a la posición laboral en el país, el cardenal Jorge Urosa Sabino comentó que ven con preocupación toda la inquietud que se genera en ese sector.
“Sobre todo que no se dan los pasos necesarios para que se de un verdadero acuerdo pacífico entre el gobierno, que es el patrono (en el caso de las empresas de Guayana) y con los representantes legítimos de los trabajadores”, dijo.
“La libertad sindical, la libertad política, la libertad de expresión son derechos consagrados en la Constitución Nacional y deben ser respetados a todos los trabajadores, tanto para las empresas del gobierno nacional como de las empresas privadas”, exhortó.
